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Uruguay

LSCA EN LUGAR DE GARANTIZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PUEDE CONDICIONARLA

La posición de la Asociación de Broadcasters del Uruguay (Andebu) frente al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del Uruguay, ya ha sido muy discutida en diferentes medios. El Presidente de la institución, Rafael Inchausti, expuso la misma en diferentes ocasiones.

Durante el transcurso del debate sobre la futura ley llevado a cabo por Asamblea Uruguay, al llegar su turno, Inchausti (foto) expresó que hace falta que se considere y valore la trayectoria de los medios de comunicación existentes en el país. El Presidente de Andebu demostró su preocupación por los derechos que pueden llegar a ser vulnerados, tanto de los propietarios de los medios, como de los comunicadores y la sociedad en general. A su vez, el ejecutivo estableció que por esta regulación el control y vigilancia sobre los medios sería excesivo, por lo que podría dar lugar a la autocensura.

Según informó el periódico El País, desde Andebu se expresó cierta preocupación sobre este proyecto de ley, ya que, de acuerdo a sus miembros, percibe a los medios como “una amenaza social” y crea una regulación con un “sesgo autoritario”. A pesar de que no se considere que el gobierno haya intentado controlar de alguna forma a los medios, Inchausti sostuvo que la ley “mal utilizada” podría ser una “herramienta que en lugar de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión puede condicionarla”.

A su vez, durante el evento llevado a cabo pocas semanas atrás, en la presentación “¿Hablamos de Contenidos? Un estudio sobre la televisión abierta uruguaya”, el Presidente de Andebu, haciendo referencia a la Declaración y Convención sobre Diversidad Cultural de la UNESCO, afirmó: “Creemos que las propuestas que se tratan de materializar (en el proyecto de LSCA)no superan la prueba de convencionalidad en la medid que sus disposiciones no estarían acordes con las previsiones que se realizan en estas convenciones internacionales, ni tampoco con las prohibiciones de otro de los referentes que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

“Parecería que quienes diseñaron el proyecto de ley pensaron en un modelo de medio de comunicación que sería ideal, a su criterio, y en esa medida pretendieran imponérselo a todos los medios existentes en el país, bajo pena de sufrir severas sanciones si no se ajustan a ese modelo”, enfatizó Inchausti.

“Debemos decir al respecto, que el proyecto de ley no solamente no incorpora ningún tipo de estímulo, de promoción o incentivo, para la actividad de los medios de comunicación en general. Nótese que incluso hasta el sector comunitario desistió de presentarse al llamado de televisión digital, cuando los decretos sobre digitalización adelantan varios de los conceptos que tiene el proyecto de ley-, y en esa medida, agrupa a los medios o agrega a una nueva serie de cargas y gravámenes económicos que nos resultan desproporcionados”, finalizó el Presidente.

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