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Uruguay

EL OBJETIVO ES REDUCIR AL MÍNIMO LA INFORMALIDAD

La Ley Nº 19.210 busca promover la inclusión financiera y el uso de medios de pago electrónicos por parte de la población uruguaya. Dentro del ciclo de conferencias organizado por CERTAL, tuvo lugar la charla sobre dicha Ley de Inclusión Financiera, en la Corporación Nacional para el Desarrollo, donde se discutieron distintos puntos de la misma y su implementación.

El paquete de medidas que sostiene la Ley prevé incentivos fiscales para que bancos, emisores de dinero electrónico y corresponsales financieros incorporen terminales POS para extracción de efectivo y otras transacciones financieras. La Ley permite, como una forma de incentivar el consumo con tarjeta, la posibilidad de reducir el IVA para las compras realizadas con tarjeta de débito, crédito y prepagas. Hay un límite de 4.000 UI por transacción para la reducción adicional transitoria por un año de 2 puntos de IVA otorgada al uso de transacciones con tarjetas de débito y con transacciones con tarjeta de crédito, en este caso siempre aplica el tope.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Oscar Brum, Presidente de CERTAL Uruguay; Pablo Scotellaro, Presidente Ejecutivo de CERTAL; y Carlos Camy, Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

El Senador de la República y ex Ministro, Eduardo Brenta, fue quien comenzó con el panel, analizando el estado actual del país en esta materia y asegurado que “en los últimos años, en Uruguay ha descendido el desempleo y ha aumentado la tasa de actividad. Esto tiene que ver con la formalización del trabajo”. Destacó el sector del servicio doméstico como uno de los que más ha avanzados en este aspecto. Por otra parte, el Senador manifestó que el objetivo “es reducir al mínimo la informalidad, dado que queremos mejorar la calidad del empleo del Uuguay. Yo creo que esta ley pone a Uruguay en el nivel de los países desarrollados” aunque “es significante la gradualidad en la aplicación de las medidas”. Brenta quiso finalizar resaltando que “de alguna manera, la Ley va a permitir acceder a los servicios financieros a la gran mayoría de la población” y esto conllevará “un desafío de crecimiento para el área corporativa”. El Senador concluyó en que el proceso de implementación debe ser “dinámico y flexible”, para lograr promover mejoras prácticas.

En segundo lugar habló Lucía Saint Martín, Gerente de Impuestos en Deloitte Uruguay, que hizo una amplia revisión de los aspectos tributarios de la Ley. Puntualizó que con el fomento de los pagos electrónicos, se busca que la reducción del IVA llegue “efectivamente al bolsillo del consumidor” y “no se pierda en la cadena”, además de ayudar a la formalización de los comercios y a que DGI tenga mayor información.

El último panelista en tomar la palabra fue Leonardo Costa, Abogado en Costa Testa Consultores / Brum Costa Abogados, quien fue muy crítico con la Ley y aseguró que “le falta concepto jurídico, tiene muy buen espíritu, comparto la esencia de la primera parte”, además de expresar que su visión no es negativa pero “deben hacerse cambios. De lo contrario el instrumento termina siendo para los que siempre cumplen”. Costa afirmó que la Ley tiene un capítulo que “nada tiene que ver con inclusión financiera, sino con inclusión fiscal” y que eso es un error. Además consideró a las multas “desproporcionadas” ya que considera debería haber relación entre la sanción y la infracción, “si yo, en forma indefectible, aplico la multa de 25% estoy diciendo que da todo lo mismo. (Â…) Partiendo de la base de proporcionalidad y de cuál ha sido la conducta precedente del ciudadano. Me parece que hubiera sido ideal que esta Ley fuera por un camino y la inclusión fiscal fuera por otro camino. Lo que sí me parece, es que cuando uno hace una legislación no se pueden mezclar las cosas, porque los mensajes así no son buenos”, finalizó.

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